Fomento de la Vida Independiente
Inclusión y participación de las personas con discapacidad en la comunidad
De la necesidad social detectada y cobertura pública o privada para atender la necesidad
En un momento en el que el paradigma de la atención a las personas con diversidad funcional se centra, de manera inequívoca, en la promoción de la vida independiente y en su inclusión de manera plena en la comunidad, la situación actual nos muestra que esta es una realidad que dista mucho de ser cierta y que queda mucho camino por recorrer en esa dirección.
En España, según la EDAD 2008 existen 3,85 millones de personas con discapacidad residentes en hogares (el 8,5% de la población residente en viviendas familiares) y algo más de 269.000 personas con discapacidad residentes en centros. La suma de los resultados correspondientes a viviendas familiares y a la muestra de instituciones investigada proporciona la cifra de 4,12 millones de personas con discapacidad en total, lo que supone aproximadamente el 9% de la población residente en España.
Si bien podemos afirmar que el hecho de residir en una vivienda familiar, como lo hace la inmensa mayoría de las personas con discapacidad en nuestro país, no garantiza su plena inclusión en la comunidad, ni el desarrollo de una vida independiente.
Nos centraremos en este proyecto en las personas con discapacidad que viven en instituciones donde ingresan para recibir las atenciones y la cobertura de las necesidades que precisan y que, presumiblemente, ni ellos mismos, ni sus familiares pueden garantizar.
Tal y como se puede apreciar en la siguiente tabla, si desagregamos los datos de las 269.000 personas que en España viven en centros, nos encontramos con una mayor prevalencia en las mujeres, si bien, dicho dato se invierte en la franja de edad entre los 6 y los 64 años, en la que las mujeres suponen “solo” el 37,5% de la totalidad. Ello frente a porcentaje que supone del conjunto de personas con discapacidad en España.
Las tasas de prevalencia de discapacidad por edad estimadas por la EDAD 2008 son más elevadas en las mujeres que en los hombres a partir de los 45 años. Por debajo de esta edad, las tasas de prevalencia de discapacidad entre los hombres superan a las de las mujeres. Además, la probabilidad de tener una discapacidad aumenta con la edad. Nos detenemos en este dato ya que esa será la franja de edad en la que se sitúan los potenciales beneficiarios de este programa.
En Andalucía, según la EDAD 2008, contabilizamos un total de 716.100 personas con discapacidad, de las cuales un 61,5% son mujeres y un 38,5% son hombres.
Tal y como se aprecia en la siguiente tabla, si bien los valores totales para la edad comprendida entre los 6 y los 64 años arrojan un porcentaje superior de mujeres que de hombres, el análisis detallado de los mismos indica que en la franja comprendida entre los 6 y 45 años ese porcentaje se invierte, siendo ligeramente superior el de los hombres frente a las mujeres.
En sus diferentes tipologías resulta imprescindible en Andalucía, al objeto de dar cobertura a todas las personas que no disponen de los medios materiales, humanos y familiares que, ante su situación personal, puedan garantizar la atención que precisan y la cobertura de las necesidades básicas.
En Andalucía, la supervisión por parte de la administración pública de los centros propios y de los centros concertados con Entidades Colaboradoras, fundamentalmente a través de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, la Dirección General de Personas con Discapacidad e Inclusión y las Delegaciones Territoriales a través de los servicios de inspección, aseguran unos estándares de calidad altos que velan por que la atención de las personas con diversidad funcional alcance los parámetros establecidos con adecuados.
A pesar de ello, el impacto negativo de la institucionalización prolongada en las personas ingresadas, voluntaria e involuntariamente en estos centros es una realidad que exige de todos los agentes implicados un trabajo muy importante por acercar la comunidad a estas personas, hacerla mas accesible para que se sientan incluidos en la misma, aun cuando residen en una vivienda colectiva como es un centro o una residencia.
El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO, 2006) advertía los riesgos en los modelos de los centros de día, ocupacionales y residenciales. Por motivos de organización de la propia institución, aparecen a su vez efectos negativos (en las personas institucionalizadas) que anulan o dificultan las capacidades de decisión, responsabilidad y gestión sobre su propia vida, siendo personas objeto de atención, receptoras de servicios, pero sin responsabilidad que asumir en todos los procesos que forman parte de su estancia aquí. Esta situación, unida a la pérdida de referencia de su entorno habitual familiar, hace que se tenga una percepción distorsionada de la realidad exterior, llegando a ser en muchos casos personas excluidas, socialmente hablando, en cuanto a participación o actividad más allá de las actividades de ocio, que también se plantean desde la propia institución. Además, el propio modelo asistencial no cubre esas otras necesidades imprescindibles para el desarrollo personal, que va más allá de la mera atención física.
Es por ello que, desde las instituciones, debemos implementar mecanismos que nos permitan establecer los cauces que vehiculen esta incorporación de las personas internadas en residencias y centros a las actividades cotidianas de su comunidad, desde una perspectiva política, económica, social, educativa, cultural, etc.